A favor de la renta mínima ¿O no?

Empecemos el artículo diferenciando entre renta básica universal e ingreso mínimo vital:

  • La renta básica universal hace referencia al derecho de toda persona de recibir un subsidio de forma vital por el simple hecho de ser ciudadano de un país.
  • El ingreso mínimo vital hace referencia a aquella ayuda destinada a las personas con situaciones económicas por debajo de cierto umbral.

Es necesario remarcar las diferencias entre los dos términos porque normalmente se utilizan indistintamente. Mientras que el ingreso mínimo vital tiene como intención el apoyo económico a las personas que se encuentran en una situación económica excepcional con el único propósito de ayudarles a salir de dicha situación, la renta básica universal no cumple un objetivo concreto de redistribución de riqueza ya que se otorga automáticamente a todo el mundo independientemente de su condición, rico o pobre, joven o anciano.

En España se está planteando (y de forma muy seria) la implantación de un ingreso mínimo vital para hacer frente a la crisis provocada por el Covid-19, pero hay dos enfoques muy diferentes: instaurar ingreso mínimo vital de forma excepcional a raíz de esta situación como sugiere el BCE o de forma permanente como plantea buena parte del gobierno.

Para analizar un caso similar podemos tomar como ejemplo la Renta Mínima de Inserción (RMI) de la que dispone actualmente la Comunidad de Madrid la cual, a priori, persigue el mismo fin de ayudar a las personas con una situación económica adversa. En este caso el criterio a cumplir para poder solicitarla no está definido objetivamente sino que el solicitante deberá “carecer de recursos económicos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas de la vida” (puede consultar el texto original aquí). Por otro lado, la condición para la suspensión o extinción del subsidio es que el interesado sufra la “pérdida de alguno de los requisitos” o la “realización de un trabajo superior a 12 meses por el que se perciba una retribución igual o superior a la que corresponda de renta mínima” (se puede consultar aquí).

En la Comunidad de Madrid existen un total de 29.168 perceptores de la RMI a cierre de 2018 (últimos datos disponibles), a los cuales se les paga una ayuda de entre 400€ y 950€. De estas casi 30.000 personas, más del 10% llevan percibiéndola más de 10 años y entorno a un tercio más de 5 años. Por lo tanto, se puede dudar en cierta medida de la efectividad de este subsidio para ayudar a un sector de la población a salir de la pobreza, no ya por la naturaleza en sí de la RMI sino por la forma de aplicación de la misma.

Según la estimación del ingreso mínimo vital presentada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el ingreso mínimo vital afectará a más de un millón de hogares, centrándose en aquellos con niños. Con estas cifras y suponiendo que el hogar medio perceptor recibe una ayuda de 600€ (cantidad aproximada de lo que recibe una familia de tres personas en Madrid), el gasto total del gobierno será de 7.200 millones de €, un 0,6% del PIB, aproximadamente.

El gasto total del gobierno será de 7.200 millones de €, un 0,6% del PIB”

Más allá de si estamos de acuerdo con la aplicación de la medida, esta cifra no parece inasumible en términos presupuestarios siempre y cuando se recorte el gasto de otras partidas más “prescindibles”, que las hay. El problema es que este gasto adicional se va a sumar al 41.9% del PIB que el Estado español ya gasta, por lo que deberá salir vía deuda o vía impuestos. En el primero de los casos, considerando que nuestra deuda se sitúa en el 95.5% del PIB y que según los cálculos del BdE podría ascender a finales del 2020 hasta el 122.3% del PIB (según el escenario pesimista, ver aquí), parece una locura aumentar aún más el déficit. En el segundo de los supuestos se podría financiar aumentando la carga fiscal a un contribuyente cada vez más asfixiado, lo cual traería consigo el decremento del consumo interno que tanto nos hace falta para salir del shock económico provocado por la pandemia. Si el subsidio se instaura de forma permanente y no como medida excepcional, supondrá un aumento de un gasto ya inflado de por sí por parte del estado, que repercutirá en una subida de impuestos, ya sea inmediata o futura (la deuda no es otra cosa que trasladar el gasto presente a los ingresos futuros por impuestos).

En el caso de que este ingreso mínimo se lleve a cabo, deberá someterse bajo un exhaustivo control a los perceptores, de tal forma que se siga un programa efectivo de adquisición de capacidades profesionales, que se interrumpa el cobro en caso de rechazar una oferta de empleo y que se vigile la superposición de la subvención con un trabajo en la economía sumergida. En tal caso de que se conceda el ingreso mínimo vital sine die y sin imponer unas condiciones claras para su pago, tendremos a un sector de la población cada vez mayor dependiente del resto de contribuyentes y sin mejora en su calidad de vida.


Pablo Fernández Asensio

24 de abril de 2020

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